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  • Francisco López Bárcenas

Los movimientos indígenas en México: rostros y caminos

Actualizado: may 16

El fin del siglo XX y el principio del siglo XXI estuvieron marcados por el signo de los nuevos movimientos sociales, dentro de los cuales sobresalen los movimientos indígenas. Cuando el avance del capital financiero sustituía a la política y restaba espacios a las luchas gremiales, cuando parecía que llegábamos al fin de la historia y la mundialización del capital se nos presentaba como un destino manifiesto[1], vemos surgir nuevos sujetos políticos con identidades particulares reclamando sus derechos específicos. Así, desde hace varios años los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, se han convertido en sujetos políticos con una utopía común bien definida: ser reconocidos dentro de las sociedades en las que viven con plenos derechos, igual que los demás miembros de ellas. Desde hace años y todavía persisten en ello. Es más, no se ven signos de que piensen dejar de hacerlo en los próximos años.

Estamos ante el hecho de que los pueblos indígenas no sólo existen sino también se mueven y en muchos casos lo hacen fuera de los espacios institucionalizados por los estados de los que forman parte, creando sus propios rostros y rumbos. Esto desconcierta a la clase política tradicional, porque los movimientos indígenas no son cualquier movimiento, sino unos que dentro de su utopía incluyen modificar el actual estado de cosas por otro que ensanche los espacios de participación en la vida política del país, al tiempo que amplíe las vías para hacerlo, dando origen de esa manera a nuevos movimientos sociales que, como bien observa Melucci[2], impactan diferentes niveles o sistemas de la estructura social, se expresa en distintas formas y orientaciones y pertenece a diferentes fases de desarrollo de un sistema o a diferentes sistemas históricos.

Ahora bien, estos nuevos movimientos no se dan en el vació sino en contextos económicos, políticos y sociales bastante complejos. Uno de los rasgos distintivos es que ni en su manifestación ni en sus demandas se restringen a los ámbitos de los estados nacionales, a veces ni a la región del mundo a la que estos pertenecen. Casi siempre sus demandas fundamentales alcanzan espacios más amplios, que incluyen diversos territorios marcados por la geografía pero también por la influencia del capital. No se explica de otra manera la alerta lanzada en el año 2000 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América a los gobiernos de Latinoamérica, afirmando que durante los próximos quince años “el mayor desafío de los estados americanos serían los movimientos indígenas de resistencia”, los cuales, según su afirmación, serían potenciados por redes transnacionales de activistas por los derechos humanos.[3]

Esta situación hace que los movimientos indígenas también levanten demandas nuevas, que coinciden con las de movimientos que se dan en otras latitudes. Entre las primeras sobresale la lucha por la defensa de la integridad nacional frente a las embestidas externas, al tiempo que enfocan sus esfuerzos para reconfigurar el ejercicio del poder interno, de tal manera que la ciudadanía étnica y el ejercicio de los derechos políticos puedan ser una realidad. Estas demandas se han concretado en el reclamo de regímenes de autonomía indígena, que incluyen el derecho a ser reconocidos como pueblos étnicamente diferenciados, a tener sus propias formas de autogobierno y a participar en la vida nacional de manera diferente al resto de la población, dando origen a otro tipo de ciudadanía. En ese sentido se inscribe también las luchas por sus territorio, la defensa del conocimiento tradicional y la biodiversidad; la lucha por un desarrollo con rostro indígena y en general la defensa de la cultura, bajo la idea de que la diversidad cultural nos enriquece a todos y cuando algo de ella se pierde todos empobrecemos.

Las nuevas formas en que los movimientos se manifiestan van desde las redes sociales, foros internacionales, denuncias públicas y creando medios de comunicación, instalando radios comunitarias o vía internet. Todas estas acciones colectivas que la mayoría de las veces involucran actores de diferentes estados, superan las formas tradicionales de organización, jerárquicas, las más de las veces corporativas y clientelares, que luchan por espacios dentro del aparato gubernamental. Los movimientos indígenas son nuevos porque son nuevos los actores políticos que en ellos intervienen, sus demandas son nuevas y también son novedosas las formas de manifestarse.

En el presente texto me propongo ofrecer una explicación sobre lo novedoso de los movimientos indígenas en México y cómo el zapatismo contribuyó a su nacimiento al tiempo que potenció su desarrollo. Nótese de entrada que no hablo del movimiento indígena mexicano, en singular, sino de los movimientos indígenas de México, en plural, lo cual no es solo un juego de palabras sino una posición metodológica, conceptual y hasta política si se quiere. En ella asumo que no existe un sólo movimiento indígena sino varios y no son mexicanos en la medida en que en ninguno se reconocen todos los pueblos indígenas de México, pero si son de México porque quienes participan en ellos se reclaman mexicanos y estos se desarrollan en su territorio. Para el análisis expondré unos breves antecedentes de los movimientos indígenas, así como la manera en que se fueron tejiendo algunas de sus tendencias mas visibles: la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), los diversos rasgos que caracterizan a cada una de estas tendencias para terminar con algunas reflexiones sobre los retos que enfrenta el movimiento indígena en la actualidad.

Antecedentes

Es elemental pero no por eso puede obviarse: hablar de movimientos indígenas novedosos lleva implícito el reconocimiento de que existió o existe otro que ha dejado de serlo. Y en efecto, puede afirmarse sin faltar a la verdad que los movimientos indígenas comenzaron desde la llegada de los primeros colonizadores a estas tierras y continuaron durante los primeros años de la independencia. Sin embargo en la época contemporánea los movimientos indígenas comenzaron a manifestarse en los años setentas, cuando el gobierno federal priísta, de corte corporativo y autoritario[4], abrió espacios, a manera de válvulas de escape, para frenar el descontento contra las políticas indigenistas, que en sus versiones asimilacionistas, integracionistas, etnodesarrollistas o de participación, estaban entrando en crisis al no responder a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.

Así, en el año de 1973 se creó el Movimiento Nacional Indígena (MNI), con participación mayoritaria de profesores bilingües, a quienes el estado les endosó la representación de sus pueblos y comunidades, sin tenerla, a cambio de que legitimaran sus políticas indigenistas. Dos años después, en 1975, el estado impulsó la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), integrado por los Consejos Supremos que se crearon de manera corporativa por todo el país. Como en el caso anterior, el estado otorgó al Consejo la interlocución que no tenía con los pueblos indígenas, dando como resultado que pronto entrara en crisis de representatividad y se fracturara. Una parte de ella constituyó la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) que en la década siguiente se integró a la Coordinadora Nacional ‘Plan de Ayala’ (CNPA), mientras la otra parte desapareció por inanición. En 1977 se creó la Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües A. C. (ANPIBAC) con el apoyo del gobierno, que los necesitaba para promover la aculturación de los pueblos indígenas y de esa manera se integraran a la ‘cultura nacional’. En un principio tuvieron como objetivo defender los derechos de sus comunidades ante la Secretaría de Educación Pública (SEP); solo que algunos profesores con arraigo en sus comunidades incorporaron en sus demandas problemas políticos y agrarios de aquellas, situación que finalmente condujo a la división de la asociación. Algunos de sus miembros la abandonaron y los que quedaron en ella la utilizaron más para obtener puestos dentro de la administración gubernamental que para conseguir los fines para los que se había creado.[5]

Esta etapa del movimiento indígena se caracterizó por estructurarse a iniciativa del estado y por lo mismo servir a sus intereses más que los de los indígenas que decía representar; por lo mismo sus demandas se restringían a lo que el gobierno estaba dispuesto a brindar. En otras palabras, las organizaciones indígenas servían para impulsar las políticas indigenistas del gobierno, no para defender los intereses de las comunidades de donde eran originarios sus integrantes.

Fue en la década de los ochentas cuando comenzaron a formarse organizaciones –en su mayoría regionales- que levantaron demandas fuera de los cauces institucionales, aunque en su mayoría se confundían con las demandas campesinas: dotación de tierras, libertad para administrar y explotar sus recursos naturales para beneficio de sus propias comunidades, respeto al derecho de elegir sus propias autoridades y cese a la represión en su contra, entre las mas comunes. Se trataba de movimientos que marchaban a la cola de los movimientos campesinos y que se confundían con él.

En esa época también comenzaron a surgir las organizaciones indígenas que impulsaban proyectos productivos propios. Podría decirse que en esta etapa las organizaciones indígenas adoptan una estructura jerarquizada, similar a la de cualquier otra organización social o política, y sus demandas adquieren rasgos economicistas y en algunos casos políticos pero sin un componente étnico. Pero no sólo era eso, en la mayoría de los casos los proyectos productivos se distinguían de otros porque buscaban apropiarse del proceso productivo sin perder su autonomía política, aunque esta todavía no se planteara como un derecho de pueblos, con sustento en la reivindicación étnica y cultural. Estos objetivos se manifestaron en los esfuerzos de las organizaciones por mantener el control y la autogestión en los proyectos, desde su financiamiento, su implementación y sus resultados, al tiempo que mantenían su independencia frente a las organizaciones corporativas oficiales y los partidos políticos. Para resistir estas organizaciones, a su vez, buscaron alianzas entre ellas, dando lugar al surgimiento de organizaciones regionales y estatales. Así se formaron la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios, en Chiapas; la Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero y la Coalición de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande, en Guerreo; la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca y la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, en Oaxaca[6], entre otras.

Un cambio significativo en la orientación y estructura de los movimientos indígenas, que constituye un antecedente de algunos movimientos indígenas actuales, son las organizaciones que comenzaron a formarse a finales de la década de los ochentas. Entre ellas es de importancia la creación del Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), que desde 1988 comenzó a plantear la necesidad de un régimen de autonomía regional para los pueblos indígenas de México, inspirados en el modelo de autonomía regional impulsado para el Estrado de Nicaragua.[7] Con el FIPI el movimiento indígena empezó a dejar de ser apéndice del movimiento campesino al tiempo que perfilaba sus propios rasgos identitarios, tanto en su discurso como en su conformación. Durante la coyuntura de los 500 años de la invasión española a nuestro país el discurso étnico adquirió relevancia en el movimiento social frente a las demandas campesinas. Esto se reflejó en el Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, realizado en Matías Romero, Oaxaca, en el año de 1989, lo mismo que en el segundo, realizado en Xochimilco, Distrito Federal, al año siguiente. Fruto de la maduración, en ese año se creó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y para 1992 se organizó la campaña “500 años de resistencia Indígena Negra y Popular”. En todos estos eventos se fue construyendo un nuevo tipo de discurso indígena, que de reclamar acceso a la tierra y manejo directo de la explotación de los recursos naturales, o bien libertad política para elegir sus autoridades locales o alto a la represión policial o caciquil, pasaba a reclamar autonomía para los pueblos indígenas, en su versión de autonomía regional.[8]

El EZLN y el movimiento indígena

En esas andábamos cuando en el estado de Chiapas apareció públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aquel 1 de enero de 1994. Como bien es sabido, en su inicio los rebeldes no hicieron mención explícita a demandas indígenas, estas sólo podían en encontrarse dentro de sus reclamos de manera tangencial. “Somos producto de 500 año de lucha”, decían en la Primera Declaración de la Selva Lacandona pero sus demandas se sinterizaban en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación., independencia, libertad, democracia, justicia y paz”,[9] que obviamente, podían ser reclamadas legítimamente por todos los sectores sociales. Como también es del conocimiento público, a la declaración de guerra que el EZLN hiciera al estado mexicano siguió una ofensiva militar del gobierno federal que fue detenida cuando la sociedad civil tomó las calles y plazas públicas para exigir un alto a la guerra y el inicio de diálogos entre las partes para buscar una solución al conflicto. Dentro de los grupos sociales que se movilizaron en apoyo a las demandas del ejército zapatista, se encontraban los pueblos indígenas y varias de sus organizaciones; fueron también las que al paso del tiempo más aprovecharían los espacios abiertos por la rebelión zapatista para estructurar su programa de lucha y las formas de llevarlo a cabo.

La ANIPA y su propuesta

Unos meses después de iniciada la rebelión zapatista y apenas pasados los Diálogos de Catedral, entre el EZLN y el gobierno federal, a fin de resolver las causas justas que dieron origen a la rebelión, el FIPI, la CIOAC y organizaciones afines a ellos convocaron a la creación de la Convención Nacional Electoral de Indígena, que se realizó durante los días 4 y 5 de marzo de 1994 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El objetivo de los convocantes y quienes participaron en el evento era discutir formas de participación en el proceso electoral del mes de agosto de ese año, pero al final también se pronunciaron sobre la falta de respuestas del gobierno federal que atendieran al fondo de las demandas del EZLN.[10] Se trataba, al parecer, de tender puentes entre ambos movimientos, uno armado y otro civil, para conjuntar demandas sobre los derechos indígenas.

Lo que sucedió después de los Diálogos de Catedral también es del dominio público. En la consulta que el EZLN hizo dentro de sus bases de apoyo sobre el ofrecimiento que el gobierno hacía a sus demandas estas lo rechazaron, aunque mantuvieron abierto el proceso de negociación con el gobierno federal, al tiempo que abrían un amplio diálogo con la sociedad civil. Como parte de ese diálogo, en el mes de junio de 1994, simultáneamente al anuncio del rechazo del ofrecimiento gubernamental a sus demandas, llamaban a las organizaciones políticas y sociales a una Convención Nacional Democrática (CND) a realizarse en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, un importante bastión zapatista, durante los días 6 y 7 de agosto de ese año. En ese evento el FIPI y la CIOAC presentaron un documento denominado “Los pueblos indios. Hacia la democracia y la paz en el futuro” en donde fundamentaban la necesidad de un régimen de autonomía regional para los pueblos indígenas. Poco caso se le hizo dentro de los participantes y al movimiento indígena se le puso a la cola de las demandas de otros sectores. Las organizaciones proponentes analizaron la situación y decidieron crear la Convención Nacional Indígena (CNI) para hacerse visibles y presentar sus propias demandas por otras vías. El evento se realizó los días 29 y 30 de octubre de 1994 en la Delegación Magdalena Contreras, del Distrito Federal.[11] Como continuidad de esos trabajos y la discusión del programa del movimiento indígena, durante los días 16 a 18 de diciembre de ese mismo año, diversas organizaciones indígenas convocaron a la Convención Nacional Indígena en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El evento reunió a 94 organizaciones de 20 estados de la república y alrededor de 1500 participantes, lo que constituyó un gran esfuerzo por la unidad del movimiento indígena.[12]

En todos estos eventos la lucha por los derechos de los pueblos indígenas adquirió una forma específica: el reclamo de un régimen de autonomía y dentro de esta prevalecía la postura impulsada por el FIPI desde un principio, aunque no dejaban de existir voces, hasta entonces minoritarias, que impulsaban las autonomías comunales y municipales y más que un régimen de autonomía buscaban que se garantizara constitucionalmente el ejercicio de ellas. Esta posición, que haría crisis al año siguiente, se explicaba porque en esos momentos la propuesta de autonomía regional era la mejor estructurada como demanda política, lo que no negaba la existencia de otro tipo de experiencias cuyos actores no buscaban hacerse escuchar en el plano nacional sino construir su propio rostro y camino a partir de abrir espacios locales o regionales.

Las organizaciones indígenas que se agrupaban en torno a la propuesta de autonomía regional siguieron su proceso de consolidación y durante los días 10 y 11 de abril de 1995 constituyeron la Asamblea Nacional Plural por la Autonomía (ANIPA), en un acto convocado por legisladores indígenas que sus organizaciones habían llevado a esos puestos a través de negociación con partidos para que les otorgaran espacios en las diputaciones plurinominales. En ese acto las organizaciones que asistieron discutieron por primera vez una propuesta de reforma a la Constitución Federal para que se reconociera un régimen de autonomía. A esta reunión siguieron otras tres con los mismos fines: la segunda se realizó los días 27 y 28 de mayo de 1995 en Lomas de Bácum, Sonora; la tercera los días 26 y 27 de agosto de 1995 en la ciudad de Oaxaca y la última los días 8 y 9 de diciembre de 1995 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De esa manera se fue tejiendo uno de los movimientos indígenas de México. De él se puede decir que tiene dentro de sus meritos haber introducido en el país la discusión sobre la pertinencia de reconocer la autonomía de los pueblos indígenas como demanda central. Pero junto con ello lleva la carga de no haber entendido que dada la dispersión geográfica de los pueblos indígenas de México la autonomía regional no podía ser el único modelo de autonomía y seguir insistiendo en ello implicaba tratar de imponer modelos que no surgían de las bases sino de otros lados. En ese mismo sentido hay que señalar que durante todo el tiempo que tuvo vida propia, la ANIPA fue una organización vertical con poca participación de las bases en la toma de decisiones. Pero lo mas grave fue que en el discurso siguió reivindicando su programa de lucha original, mientras en la práctica lo iba abandonando para ocupar cargos dentro de un gobierno panista, cuyo signo político es la derecha, instrumentando políticas gubernamentales contrarias a las que pregonaba, lo cual la llevaría con el tiempo a desaparecer del escenario nacional.

San Andrés y el CNI

Dentro de los movimientos indígenas no todos comulgaban con ese programa ni con las formas de luchar por él y pronto se manifestaron otras alternativas más novedosas al respecto. El 9 de febrero de 1995 el gobierno federal lanzó una campaña militar tratando de detener a la dirigencia militar del Ejército Zapatista. No lo logró porque, nuevamente, la sociedad civil se manifestó en contra de la salida militar al conflicto. Fracasado en intento militar el gobierno recuperó la iniciativa e intentó obligar a los zapatistas a un diálogo desventajoso. Sin embargo estos le dieron la vuelta a la jugada cuando al negociar la agenda del diálogo y las reglas de procedimiento del mismo, consiguieron introducir como primer tema los derechos y la cultura indígena y que las partes se hicieran acompañar de invitados y asesores sin fijar el número de ellos. Negociar los derechos indígenas primero que cualquiera otro tema fue importante dado que en ese momento el movimiento indígena era el mejor estructurado de los otros sectores sociales que apoyaban al zapatismo y eso garantizaba respaldo político frente al adversario, pero incorporar invitados y asesores lo fue más ya que permitió incorporar al diálogo a las autoridades indígenas, líderes de organizaciones, estudiosos del tema y organizaciones solidarias con ellos. Esto a su vez generó un proceso de discusión del tema, al mismo tiempo que generaba condiciones para que los participantes tejieran redes de acción y comunicación entre ellos, principalmente los indígenas.

De acuerdo con las normas de procedimiento pactadas entre las partes, el diálogo se desarrolló en tres fases. La primera del 18 al 22 de octubre de 1995, incluyó la participación de todos los asistentes, invitados y asesores de ambas partes, que entre todos alcanzaban casi el millar; la segunda, del 13 al 18 de noviembre de ese mismo año consistió en un pequeño grupo de ambas partes que organizara las propuestas realizadas en la anterior fase, identificando coincidencias y contradicciones entre ellas. Al tiempo que esto sucedía al interior de las mesas del diálogo, afuera los invitados y asesores dialogaban sobre como desarrollar las propuestas que se habían realizado en la mesa anterior, lo que permitió conocerlas, sistematizarlas y pensar la forma de articularlas en un programa de lucha para el movimiento indígena. En febrero de 1996 se dio la tercera y última fase del diálogo, donde las partes negociaron y firmaron los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, mejor conocidos como Acuerdos de San Andrés.

Entre cada una de las fases de diálogo se desarrollaron amplios Foros donde pudieron participar todos los que asistían a ellos pero también aquellos que por una u otra razón no pudieron hacerlo. Formalmente se trataba de analizar los avances del proceso de negociación pero también tenía como finalidad posicionar y legitimar la posición que asesores e invitados sistematizaban y el EZLN defendía como suya. El gobierno lo entendió así por eso, no obstante que esos eventos estaban pactados con la COCOPA, puso todas las trabas que fueron posibles para evitar su realización, desde la militarización de la región hasta negar documentación a los extranjeros que deseaban participar como observadores. Los obstáculos se pudieron superar y finalmente, durante los días del 3 al 8 de enero de 1996, es decir, entre la segunda y tercera fase del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, se realizó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Primer Foro Nacional Indígena, el cual fue precedido de al menos quince foros regionales. A este siguió otro que se organizó del 23 al 25 de julio de 1996 en la comunidad de Oventic, Chiapas, cuando ya se habían suscrito los Acuerdos de San Andrés. Si en el primer foro los asistentes respaldaron las propuestas que los asesores e invitados presentaban y el EZLN avalaba en la mesa de negociación con el gobierno federal, en el segundo hicieron suyos los acuerdos suscritos y exigieron su cumplimiento.[13]

El asunto tenía sus implicaciones. Si en un principio la propuesta de autonomía que llevaba legitimidad, por ser las mas elaborada y discutida, era la que impulsaba la ANIPA, durante la primera y segunda fase del diálogo se habían hecho presentes otras, como la comunal o la municipal que fueron ganando terreno por ser experiencias ya vividas por sus impulsores. Esto tuvo el efecto de mostrar que el modelo de autonomía regional no era avalado por todos los pueblos y organizaciones indígenas y que había otros con propuestas diferentes. El foro fue espacio para la discusión de las diversas posturas que privilegiaron su contenido sobre el espacio en donde estas se realizarían, lo que llevó a que al final las posturas no consensaran y se diera legitimidad a todas.[14] Esto impacto la construcción de los diversos movimientos indígenas actuales ya que aparte de la ANIPA el EZLN se encontró con otros actores con quienes discutir propuestas diferentes, lo cual no le venía mal, sobretodo cuando algunos impulsores de la autonomía regional al tiempo que participaban en el diálogo con los zapatistas, negociaban con el gobierno federal la entrega de recursos para proyectos propios, acciones que eran vistas por aquellos con malos ojos. En los Acuerdos de San Andrés los zapatistas aceptaron que el derecho de la autonomía se ejerciera en los ámbitos que los pueblos indígenas la hicieran valer, lo que para la ANIPA representó una traición al movimiento indígena. De esa manera terminó la alianza coyuntural entre ellos. Los de la ANIPA ya no asistieron al Segundo Foro, en el que los asistentes acordaron formar una red de organizaciones indígenas en lugar de una organización vertical, ni a las reuniones promotoras del Foro Nacional Indígena Permanente (FNIP).

Los foros terminaron para dar paso al Congreso Nacional Indígena el cual se formalizó durante la asamblea realizada en la ciudad de México los días del 9 al 11 de octubre de 1996. En él los militantes de la ANIPA volvieron e intentaron colocar su propuesta de autonomía regional como programa de lucha pero la mayoría de los asistentes se inclinaron por asumir como programa de lucha los Acuerdos de San Andrés y su incorporación a la Constitución Federal.[15] Pero cada propuesta llevaba implícita una postura. En la primera Asamblea Nacional del CNI, realizada en Milpa Alta, Distrito Federal, los miembros de la ANIPA insistieron en constituir al CNI como una organización formal con estructura vertical, a lo cual los demás asistentes se negaron, inclinándose la mayoría por considerarlo “un espacio construido por todos para que se encuentren nuestros pueblos, se hablen nuestros corazones, se crezca nuestra palabra y se encauce nuestra lucha, y es una forma de servirnos unos a otros para engrandecer a nuestros pueblos y poder lograr nuestros objetivos comunes”. Quienes estuvieran dispuestos a participar en el espacio deberían asumir los principios de “servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir y enlazar y no aislar”. Además de ello en lugar de dirección se dotó de una Comisión de seguimiento constituida por 10 grupos de trabajo que se compondría al menos de cinco miembros titulares, representantes de pueblos y organizaciones indígenas, más los que se quisieran integrar.[16] En otras palabras, el CNI no se propuso ser una organización y por lo mismo no lo fue, sino un espacio donde los pueblos pueden discutir y coordinar sus problemas. Una asamblea cuando sus integrantes se juntaban y una red cuando estaban en sus lugares de origen.

Rostros y máscaras, caminos y veredas

Los procesos que conformaron estos dos movimientos indígenas en México representan al mismo tiempo dos modos de trazar los caminos por donde transitar para el reconocimiento y la defensa de los derechos indígenas. Es importante resaltar que a pesar de tener posturas diferentes ambos movimientos se mantuvieron unidos durante varios años, el tiempo que duró la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Federal. Juntos realizaron la difusión por todo el país primero de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena y después de la iniciativa propuesta de reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), que los diversos movimientos indígenas de México hicieron suya. El reclamo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se volvió un punto de confluencia en donde ambos confluyeron, demostrando de esa manera que no se trataba de posturas excluyentes sino sólo distintas, que podían ser complementarias. Con todo, no eran los únicos movimientos indígenas de México, sólo las expresiones mas visibles de ellos. En las regiones y aún en las comunidades indígenas existían y existen otros que sin mucha notoriedad, también construían sus utopías y luchaban por alcanzarlas, mismo que a la postre serían los mas importantes.

Es importante señalar que la demanda de reconocimiento constitucional adquirió legitimidad y apoyo social por varias razones. En primer lugar porque evidenciaba la exclusión que por años han venido sufriendo los pueblos indígenas de México frente a la clase dominante, que desde la independencia y hasta nuestros días no ha dejado de verlos como rémora del pasado, de los que hay que desprenderse para dejar de ser un país atrasado; esto ha sido así por décadas, por más que durante algunos años se le haya disfrazado con políticas culturalistas que las mas de las veces rayaron en un folklorismo barato y ahora se le disfrace con discursos sobre multiculturalidad y políticas transversales, que es el nuevo discurso de la integración en la época del neoliberalismo.

Otra razón es que se presentaba cuando diversos sectores sociales se oponían a cualquier tipo de reforma como defensa de sus derechos: los obreros luchaban por mantener intacto el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reglamentaria de él; los campesinos porque el artículo 27 constitucional regresara a su contenido original, para evitar que las tierras comunales y ejidales entraran al mercado; los estudiantes exigían que no se reformara el artículo 3 de la Constitución federal, que garantiza la educación gratuita. Y los indígenas luchaban exactamente en sentido contrario, que se reformara la Carta Magna para que ellos pudieran defender sus derechos. Además de que no peleaban por una reforma cualquiera, sino por una que cuestionaba la estructura misma del estado y exigía su transformación. Por eso fue importante que las dos expresiones nacionales del movimiento indígena coincidieran en ello, además de todas las expresiones regionales que construían su propio rostro y camino.

Pero también fue ahí donde surgieron sus principales diferencias, mismas que |no dejaron de aflorar y conforme el tiempo pasaba se fueron acentuando. Varios factores influyeron en ello. El principal era la visión de los niveles de la autonomía y las formas para conseguirla. Pero hubo otras. Algunos miembros de la Comisión de Seguimiento se acercaron bastante al zapatismo y defendían abiertamente la posición de ellos al grado que cuando no obtenían el suficiente apoyo para legitimar sus posturas buscaban imponerlas. Eso tuvo el efecto de que quienes no coincidían con ellas se fueran alejando poco a poco, marcadamente los miembros de la ANIPA y algunas organizaciones que aunque en un principio participaban con ella con el tiempo también la abandonaron. Esto se reflejó en la conformación de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Seguimiento, algunos de los cuales dejaron de funcionar y la mayoría de los que subsistieron fueron poco operativos, sobretodo porque se carecía de experiencia para el trabajo o sus miembros se cambiaban muy seguido dando lugar a un marcado voluntarismo[17], hasta que alguien sin mandato para ello los declaró desaparecidos. Por otro lado la ANIPA hizo de la obtención de diputaciones y puestos en el gobierno federal lo mismo que en los estatales su acción mas visible. Los rostros y caminos de cada movimiento iban quedando más claros con el paso del tiempo.

Esta situación y el hecho de que el Presidente de la república se negara a cumplir los Acuerdos de San Andrés de acuerdo a propuesta de reforma constitucional elaborada por la COCOPA, fue conduciendo al movimiento indígena nacional a un inmovilismo, lo que le impidió responder de manera unitaria y en un solo frente a la embestida militar y la represión política que el estado desató en todo el país, situación que obligó a muchas organizaciones a replegarse a sus regiones para armar desde ahí la defensa, retomando sus reivindicaciones particulares. De esa manera empezó a dispersarse lo que se había venido construyendo con tanto trabajo.

Cuando se presentó la coyuntura electoral del año 2000 para elegir Presidente de la República las posiciones se polarizaron más, al grado casi de la ruptura. Aunque nunca se discutió a fondo el problema, las organizaciones que reivindicaban su participación en el CNI asumieron una postura antielectoral mientras las que militaban en la ANIPA apostaron abiertamente al proceso y terminaron aliándose a la derecha, después que el PRD se negara a mantener el espacio para una candidatura que anteriormente les había obsequiado. Junto con el Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas, donde algunos de sus miembros participaban, el Consejo Indígena Mexicano (CIM) -de filiación priísta- y el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena publicaron el 22 de mayo del 2000 –a mes y días de las elecciones- un documento dirigido a todos los partidos políticos donde exigían “reconocimiento como sujetos políticos plenos, acceso a espacios institucionales y políticos en las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales, la administración, dirección y ejecución de las políticas del Estado destinadas a los pueblos indios, el establecimiento de una política de Estado que garantice el desarrollo de nuestras lenguas y culturas, y una educación que desarrolle la conciencia de la diversidad de todos los mexicanos, que supere el racismo y la exclusión que con frecuencia se ejerce sobre nuestros pueblos”.

En otro documento posterior estas demandas ya se concretizaban. Proponían la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas integrado por representantes de los pueblos indígenas y personalidades destacadas, el cual debería ser un organismo dependiente del Ejecutivo Federal y entre sus funciones estaría evaluar las acciones de las dependencias del Ejecutivo en materia indígena, coordinar las diversas dependencias del Ejecutivo Federal responsables de la acción en las zonas indígenas, nombrar a profesionales indígenas en todos los puestos de mando de las instituciones indigenistas y coordinar con ellos la reforma estructural de dichas instancias, asumir la coordinación del diálogo y la negociación en el Estado de Chiapas por parte del Ejecutivo Federal, crear el Instituto Nacional de las Lenguas Originarias de México y la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.[18]

De todos los candidatos a la Presidencia el que les respondió y prometió sacar adelante sus propuestas fue Vicente Fox Quesada, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), quien a la postre terminaría ganando las elecciones.[19] Los compromisos centrales sobre derechos indígenas no se cumplieron pero varios miembros de la ANIPA y del Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas obtuvieron puestos en la administración federal, en donde realizaron las labores que anteriormente criticaron. En esa situación, el 11 de diciembre del 2001, a un año de haber pactado con el foxismo, la ANIPA aclaró que se dejaba de luchar por los Acuerdos de San Andrés y retomaba su propuesta inicial de luchar por la autonomía regional. En una declaración política emitida en esa fecha declaraban: “Ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando por la libredeterminación y autonomía de los pueblos indígenas de México, como lo mandata nuestro Proyecto Político, que a lo largo de 5 Asambleas Nacionales, celebradas desde el Norte hasta el Sur de nuestro País, consensamos los Pueblos y Organizaciones Indígenas, para demandar una nueva relación con el Estado Mexicano y la sociedad Nacional, expresada en nuestra propuesta de Iniciativa de Ley para la Creación de las Regiones Autónomas Pluriétnicas. En su momento aportamos las propuestas de esa iniciativa a los Diálogos de San Andrés, de las cuales se retomaron partes mínimas. Anunciamos que a partir de hoy esa vuelve a ser nuestra bandera de lucha, para demandar el reconocimiento constitucional de nuestros derechos, en virtud de que la Ley COCOPA finalmente fue desconocida”.[20]

Del lado de las organizaciones que reivindican su pertenencia al CNI las cosas tampoco marchaban muy bien. Después de que el Presidente de la república tomara posesión del cargo el EZLN convocó a la marcha de la dignidad indígena[21], también denominada del color de la tierra[22], la cual recorrió 13 estados de la república, acompañado del CNI y diversas organizaciones sociales. Con ella exigieron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Federal, a través de la iniciativa de la COCOPA. En medio de la efervescencia política se realizó a principios del mes de marzo, en la comunidad de Nurío, Michoacán, el Tercer Congreso Nacional Indígena, en donde se ratificó la defensa de los Acuerdos de San Andrés. Terminado el evento la marcha continuó rumbo al Distrito Federal, en donde llegó el 11 de marzo. Después de una fuerte oposición de los diputados para que la comandancia zapatista hiciera uso de la tribuna en la Cámara de Diputados finalmente lo lograron y después de hacerlo se retiraron a la selva, dando de esa manera por concluida su misión.

El movimiento indígena también regresó a sus lugares de origen creándose un vacío que el Congreso de la Unión aprovechó para aprobar una reforma constitucional que se apartaba de lo pactado en San Andrés.[23] La situación de dispersión en que los movimientos indígenas se encontraban se mostró en las formas en que se opusieron a la fallida reforma constitucional para reconocer sus derechos. Muchas organizaciones reaccionaron a destiempo contra el dictamen emitido por la Cámara de Senadores y cuando los diputados federales votaron en el mismo sentido sucedió lo mismo. Lo novedoso se vio cuando el proyecto de decreto se votó en las legislaturas de los estados. Fue ahí donde se expresó la existencia de movimientos indígenas mas allá de sus manifestaciones nacionales, pero sobre todo se mostraron en los lugares en donde menos se pensaba que existían. Los indígenas de los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí dieron la sorpresa al protestar por el tipo de reforma que se quería imponer, mientras en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados donde el movimiento indígena había mostrado robustez, volvió a manifestarse aunque no con los mismos actores. Estábamos asistiendo el surgimiento de nuevas manifestaciones de los movimientos indígenas, con otros actores y otras demandas, que con el tiempo marcarían un nuevo rostro y nuevos caminos que recorrer.

Cuando la reforma constitucional finalmente se aprobó, con el voto en contrario de las legislaturas de los estados con mas población indígena, un grupo de organizaciones de derechos humanos y abogados independientes decidieron impugnarla, no por su contenido, que no respondía a las exigencias del movimiento indígena ni a lo pactado en los Acuerdos de San Andrés, sino por los vicios que tuvo el proceso, donde no se respetaron las formas y procedimientos establecidos en la Constitución Federal, las respectivas de los estados y las leyes orgánicas de la Cámara de Diputados Federal y de las entidades federativas. Algunos representantes de organizaciones indígenas que no vivieron de cerca el proceso lo han criticado afirmando que “el CNI –o lo que quedaba de él- sólo le pudo apostar a una controversia constitucional y jugando ingenuamente en el terreno de la legalidad criolla” y “obviamente iba a perder, como sucedió”.[24] El argumento no es correcto. En primer lugar porque no fue el CNI quien decidió iniciar dichos procesos sino un grupo de organismos de derechos humanos y abogados independientes, aunque el CNI avaló posteriormente el proceso, en segundo lugar no fue una controversia constitucional sino cerca de 330 presentadas por otros tantos municipios indígenas, quienes no apostaban a la legalidad criolla sino precisamente a ponerla a prueba.

Cierto, formalmente buscaban que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara nulo en proceso en vista de las irregularidades cometidas en la Cámara de Diputados y en diversas legislaturas estatales durante el procedimiento, y por esa vía se anulara la reforma impugnada. Pero también pretendían que la SCJN emitiera su opinión sobre si se debían respetar durante el proceso de reforma constitucional los derechos previamente reconocidos a los pueblos indígenas, qué lugar correspondía a un tratado de derechos humanos frente a la Constitución Federal y cómo afectaba a la interpretación constitucional el hecho de que la Carta Magna declarara que somos un país multicultural.[25] Seguramente sabían del riesgo y lo asumieron. Eran concientes de que la SCJN podía fallar como finalmente lo hizo, declarando improcedentes las controversias constitucionales. En estricto sentido los que apostaron al proceso no perdieron, la SCJN no resolvió que no tuvieran razón, por lo que entendido en sentido contrario puede decirse que si la tuvieron. Además de ello no fundamentó su voto en ese sentido. Se exhibió y con ello desnudó las insuficiencias del sistema jurídico mexicano, a tal grado que hasta juristas liberales la criticaron de caprichosa.[26]

Nuevos rostros, nuevos caminos

Con los resultados de las controversias constitucionales los pueblos indígenas, sus comunidades y sus autoridades, igual que las organizaciones indígenas, comprendieron que el estado había cerrado todas las puertas para el reconocimiento de los derechos indígenas y decidieron concentrarse en sus territorios para armar la resistencia. La forma de esa resistencia tiene nombre y se llama autonomía. Ya existían algunos antecedentes de ello, como la declaración de regiones autónomas en Chiapas[27] que desde octubre de 1994 hiciera el movimiento indígena identificado con la ANIPA, que en la práctica no pasó de eso. Más efectividad tuvieron los 38 municipios autónomos creados en diciembre de ese mismo año por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.[28] A estas declaraciones de alcance nacional siguieron otras de menor impacto político pero igual de importantes: en el Estado de Guerrero después se crearía en municipio Rancho Nuevo de la Democracia, a la que seguiría otras comunidades de Michoacán y el Estado de México, quienes también se declararon autónomas. Eran los primeros pasos de esta nueva etapa de lucha.

Con declaración o sin ella, otras comunidades decidieron caminar por ese mismo camino y desataron procesos de muy diversas maneras, de acuerdo a sus condiciones y necesidades. El caso mas paradigmático fue la creación de las Juntas de Buen Gobierno por las comunidades zapatistas, junto a las cuales hay que colocar otros procesos similares en el territorio del país: la Policía Comunitaria de Guerrero como una forma alternativa de ejercer justicia[29], la recuperación del poder municipal en el municipio amuzgo de Xochixtlahuaca, en el mismo estado, proceso que al paso de los días se frustró; la lucha de los mixes de Quezaltepec, en Oaxaca, con los mismos fines; la de los tepehuanos de Durango por la recuperación de su territorio, la lucha en el mismo sentido de las comunidades mixtecas de Yosotato y Yosonotú, o la defensa territorial de los chimas y la instauración del municipio autónomo de San Juan Copala, en el Estado de Oaxaca; la de los médicos tradicionales de Chiapas y las comunidades zapotecas de la sierra norte de Oaxaca contra la biopiratería y la bioprospección que realizan empresas farmaucéuticas transnacionales o la tenaz lucha que comunidades del istmo oaxaqueño y veracruzano, quienes junto con otros pueblos indígenas centroamericanos se oponen a los megaproyectos y el Plan Puebla Panamá.

Estas nuevas expresiones de los movimientos indígenas son ejemplos que hablan de las luchas de los nuevos movimientos indígenas por su derecho a la autonomía, ya no como un reconocimiento constitucional, sino como una construcción en los hechos, lo que representa un salto cualitativo con respecto al anterior. Para ellos, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya no pasa por la incorporación de su contenido en la Carta Magna, sino por la defensa en la práctica cotidiana de los derechos en ellos contemplados. Con estos procesos autonómicos Estábamos asistiendo a una reactivación de los movimientos indígenas en las regiones sin que se viera la organización nacional que fuera capaz de darles rumbo, porque sus dos expresiones más importantes se habían desgastado tanto que habían desaparecido del escenario nacional.

La ANIPA, después de su acercamiento a la derecha mexicana en su discurso siguió reivindicando su proyecto de autonomía regional, aunque también mostró su verdadero rostro: una organización con estructura formal y jerárquica, de corte tradicional, que apuesta por escalar puestos dentro de la administración en turno o en el poder legislativo para desde ahí impulsar su programa, aunque termine legitimando políticas que dice combatir, al grado que se ha convertido en una Asociación Política Nacional (ANP) sujeta a la normatividad del COFIPE para estos casos.[30] Esto, el tiempo lo demostró, no respondía a una línea táctica sino estrategia. Desde el FIPI, su antecedente remoto hasta sus últimos días lucharon por ella, primero buscando diputaciones plurinominales en el PRD, un partido declarado de izquierda, y cuando ahí se agotaron sus posibilidades se corrieron hacia la derecha.

Por su lado el CNI, no es una organización formal, no tenía estructura ni dirigentes, también se fue diluyendo. El postulado de ser una asamblea y una red al mismo tiempo, funcionó durante varios años pero al paso del tiempo no fue ni lo uno ni lo otro y por lo mismo ya no brindó respuestas a sus integrantes, quienes poco a poco se fueron alejando. Estos resultados en mucho fueron así porque la Comisión de Seguimiento y los grupos de trabajo solo funcionaron los primeros años, cuando todos se ceñían a los principios que se propusieron para guiar su acción. Pero conforme el tiempo fue pasando se alejaron de ellos, al grado que algunos compañeros sin contar con mandato ni representación se asumieron como los dirigentes, bien porque, mantenían relaciones con el EZLN o bien porque el espacio estaba desocupado, lo que motivó que muchos otros se alejaran del CNI. Hoy lo que más funciona es el regional ampliado del Centro Pacífico, pero muchas de las luchas siguen resistiendo de manera aislada.

No obstante lo anterior el CNI tuvo dos atributos de los que careció la ANIPA, mismos que lo colocan como la expresión mas acabada de los nuevos movimientos indígenas. Negarse a constituirse como una organización vertical, corporativa y clientelar y asumir como programa de lucha la defensa de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas y los resolutivos de los Foros indígenas, le dieron una autoridad moral que podría alumbrar la construcción de un movimiento nacional con nuevo rostro en busca de nuevos caminos. No esta mal que siga cerca del EZLN, como nació, pero sería muy saludable que no subordinara sus decisiones a las de aquellos sino que las negociara en una gran alianza, concientes de la naturaleza armada de unos y civil de otros, y por lo tanto diversos en sus modos de conseguir sus objetivos, aunque en muchos casos coincidan. Si estos dos aspectos, el programático y el instrumental, se usan con inteligencia, pueden ser los elementos que potencien el por ahora disperso CNI.

Lo que no se puede soslayar es que tanto la ANIPA como el CNI representaron dos expresiones de los movimientos indígenas que aunque coincidieron en su demanda de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y lucharon por la autonomía de ellos, igual se distinguieron por la forma que asumieron, su propuesta de autonomía, el alcance esta y los métodos para conseguirla. La coyuntura política en que surgieron y los aliados que cada uno de ellos escogió marcaron la historia reciente de las luchas indígenas en México. Esos mismos elementos los fueron separando hasta enfrentarlos y llevarlos a su desaparición del escenario nacional.

Con la desaparición de los espacios de expresión nacional los movimientos indígenas en México se expresan sobretodo en espacios regionales. Esta es una situación que debería meditarse porque, por los enemigos que enfrenta y sus intereses que estos representan, cada vez más sus demandas adquieren carácter nacional e internacional. En la coyuntura actual el imperialismo capitalista ha tomado nuevos rumbos entrando en una nueva fase económica que diversos analistas denominan acumulación por desposesión; la cual se expresa en el despojo que los pueblos están sufriendo de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común se están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y por lo mismo en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo, mas rapaz que sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV y XVIII. Los pueblos lo saben por eso lo resisten y luchan por liberarse de él. Que esto no es teoría sino realidad se puede ver el los frentes de resistencia indígena: las luchas de los pueblos que defienden su territorio y sus riquezas naturales y por lo mismo se oponen a las grandes obras que los destruyen; los que defienden el maíz nativo y se oponen a los transgénicos; los que defienden el agua, porque saben que en ello nos da la vida a todos. Son algunas de las expresiones de los nuevos movimientos indígenas que marcas los horizontes en los tiempos tan turbulentos que estamos viviendo.

Para salir adelante, los nuevos movimientos indígenas necesitan crear nuevas formas de organización para articular sus luchas en un gran movimiento nacional que luche por sus derechos específicos y al mismo tiempo participe en la creación de un nuevo estado democrático, social, multicultural y de derecho. En eso su programa debería incluir, además de las demandas específicamente indígenas y asumir los de otros sectores de la población mexicana y también de otras latitudes. Pero no puede ser cualquier tipo de organización sino una que responda a los reclamos políticos de los pueblos indígenas y a sus necesidades organizativas. Los rostros y caminos de los movimientos indígenas para los próximos años requieren la construcción de nuevos actores, nuevas maneras de acción colectiva y formas también novedosas de enfrentar la realidad. Esos son algunos de los retos de los nuevos movimientos indígenas de México tanto para el futuro inmediato como para su estrategia a largo plazo.


[1] Para un exposición mas amplia sobre el impacto del capital financiero en la política puede verse: Almeyra, Guillermo, “Lo político y la política en la mundialización”, en: Avalos Tenorio, Gerardo (coordinador) Repensar lo político, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2002, pp. 209-313. [2] Melucci, Alberto, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, El Colegio de México, México, 1999, p. 59. [3] Cason Jim y David Brooks, “Movimientos indígenas, principales retos para AL en el futuro: CIA”, La Jornada, 19 de diciembre del 2000.

[4] Sobre el carácter autoritario del régimen político mexicano puede verse: Cárdenas Gracia, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1994. Sobretodo el capítulo segundo. [5] Una historia de estos movimientos indígenas puede encontrarse en: Mejía Piñeiros y Sergio Sarmiento, La lucha indígena: un reto a la ortodoxia, Segunda edición, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-Siglo XXI, México, 1991. [6] Sánchez, Consuelo, Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía, Siglo XXI, México, 1999, pp. 127-130. [7] Para la historia del FIPI puede verse: Ruiz, Margarito, “El frente independiente de pueblos indios”, Revista Mexicana de Sociología, 2/94, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, pp. 117-132. Sobre el proceso de reconocimiento de las autonomía regionales en Nicaragua: González Pérez, Miguel, Gobiernos Pluriétnicos, La Constitución de Regimenes de Autonomía en Nicaragua, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe del Atlántico Norte-Plaza y Valdés, México, 1997, pp. 245-292. [8] Sobre este periodo del movimiento indígena puede verse: Flores Félix, Joaquín, “Los pueblos indios en la búsqueda de espacios”, Cuadernos Agrarios núms. 11-13, Nueva Época, México, enero-diciembre de 1995, pp. 148-158. También: Sarmiento, Sergio, “El movimiento indio mexicano y la reforma del Estado”, Cuadernos del Sur, No. 16, Año 7, Oaxaca México, Mayo del 2001, pp. 65-96. [9] EZLN, “Declaración de Selva Lacandona” La palabra de los armados de verdad y fuego, Editorial Fuenteovejuna, México, 1994, pp. 5-6. [10] Pérez Ruiz, Maya Lorena, ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las organizaciones indígenas, Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, México, Distrito Federal, Mayo del 2000, p. 189. [11] Op. cit. p. 191. [12] Ibid. p. 192. [13] Sobre el contexto en que se dieron los Foros y sus resultados puede verse: Vera, Ramón, “La construcción del Congreso Nacional Indígena”, en: Hernández Navarro, Luis y Ramón Vera Herrera, (compiladores) Los Acuerdos de San Andrés, Era, México, 1998, pp. 33-46. [14] Pérez Ruiz, Maya Lorena, Op. cit. Pág. 211. [15] Anzaldo Meneses, Juan, (compilador), “Declaración Nunca más un México sin nosotros” Nunca más un México sin nosotros, El camino del Congreso Nacional Indígena, Ceácatl, México, 1998, pp. 9-12. [16] Anzaldo Meneses, Juan, Op.cit. pp. 9-12. [17] La crítica más ácida sobre este periodo, desde los actores que participaron en el proceso y finalmente se retiraron se encuentra en: Beas Torres, Carlos, “Los retos del movimiento indígena”, Cuadernos del Sur, No. 14, Año 5, Oaxaca, México, Mayo de 1999, pp. 141-152. [18] Para mayor información puede verse: López Bárcenas Francisco, “De la autonomía al indigenismo”, Massiosare, Suplemento de La Jornada, México, 30 de julio del 2000. [19] Sobre la forma en que se tejió la alianza puede verse: Bautista, Genaro, “El acercamiento con los presidenciables”, Palabra India, Órgano Informativo de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Número 1, México, Septiembre del 2000, pp 9-11. [20] ANIPA; “Los retos del movimiento indígena nacional: Declaración Política”, Memoria, número 158, Abril del 2002, pp. 37-37. [21] Un buen recuento periodístico de la marcha puede verse en: Vera, Ramón (editor), El otro jugador: La caravana de la dignidad indígena, La Jornada, México, 2001. [22] Una recopilación de los discursos zapatistas durante la marcha puede encontrarse en: La marcha del color de la tierra, Causa Ciudadana-Rizoma, México, 2001. [23] Sobre el contenido de la reforma y su rechazo puede verse: López Bárcenas, Francisco, et. al., Los indígenas y la reforma constitucional en México, Serie: Derechos Indígenas, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A. C., Redez, Casa Vieja, Ce-Acatl, A. C., Segunda edición, México, 2002. [24] Beas, Carlos, “El movimiento indígena, de ausencias, olvidos y otras tristezas”, La Guillotina, No. 50, Primavera del 2003, pp. 38-39. [25] Sobre las controversias constitucionales, los argumentos de los demandantes y sus resultados puede verse: Espinoza Sauceda, Guadalupe, et. al., Los pueblos indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Serie: Derechos Indígenas 6, Convergencia Socialista, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A. C. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., México, 2002. [26] Silva-Herzog Márquez, Jesús, “La caprichosa Corte”, Reforma, 16 de septiembre del 2002. [27] González Galván, Jorge Alberto, Derecho Indígena, Panorama del Derecho Mexicano, Mc Graw Hill, Serie Jurídica, México, 1997, p. 38 y 39. [28] López Monjardin, Adriana y Dulce María Rebolledo, “Los Municipios Autónomos Zapatistas”, Chiapas, No 7, México, 1999, pp. 115-137. [29] Martínez Cifuentes, Esteban, La Policía Comunitaria: Un sistema de Seguridad Pública Comunitaria Indígena en el Estado de Guerrero, Colección Derecho Indígena, Instituto Nacional Indigenista, México, 2001. [30] López Bárcenas, Francisco, “Indigenismo de derecha”, La Jornada, 6 de abril del 2003.

BIBLIOGRAFIA

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