La reforma al artículo 27 y la revolución de los ricos
La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y nuestro país concretaron hace veinte años, representó la culminación de una serie de medidas que desde décadas atrás se venían realizando como parte de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, en una obra que publicaron el año pasado. Un año antes de la firma del TLC, el 6 de enero de 1992, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 27 constitucional, con el fin de permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales, y abrir la puerta para la entrada legal del capital privado en ellas. El contenido de esas reformas fue de tal magnitud que representaron el rompimiento del pacto social plasmado en la Constitución Federal de 1917 y afectaron profundamente la propiedad de los recursos naturales, incluida la tierra, el agua, los bosques, la minería y, en general, la biodiversidad.
Dichas reformas eran la culminación de un proyecto ampliamente acariciado por la burguesía mexicana, que hasta los años setentas se había conformado con apoyar a los industriales agrícolas del norte del país, pero en esa década comenzaron a impulsar una agresiva política que las reformas que culminarían en 1992. Como parte de ellas, en febrero de 1971 la diputación panista de la XLII Legislatura propuso transformar el ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con capitalistas privados, declarar el fin del reparto agrario y crear tribunales que finiquitaran el reparto agrario. En aquel tiempo dichas propuestas merecieron el rechazo priista y hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina contra algunos diputados panistas que las impulsaban, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández de Ceballos.
La iniciativa panista no tuvo éxito pero no por eso la demanda empresarial dejó de impulsar la reforma … desde el gobierno priista. En el año de 1979 el Presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capitalistas y ejidos, lo que permitía a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos. La reforma era un avance pero no satisfizo a los empresarios que iniciaron una embestida para conseguir sus propósitos. En 1984 crearon el Consejo Nacional Agropecuario, aglutinando a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y ganaderas de corte empresarial, cuyo logro más visible fueron los 293 884 certificados de inafectabilidad que Miguel de la Madrid les entregó. Una cifra considerable si se compara con los 193 097 que hasta el sexenio anterior se habían entregado.
El Consejo Nacional Agropecuario se encargó de apuntalar las demandas de sus miembros. En 1988, cuando iniciaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sostenían que la modernización del campo requería dar por terminado el reparto agrario, rediseñar el ejido para permitir su capitalización y combatir el minifundio con los mismos fines. Para 1990 recomendaban eliminar de la ley las disposiciones que habían fundamentado el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arrendar su tierra. Cuando Carlos Salinas de Gortari presentó su iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional recogió sustancialmente los mismos argumentos: terminar con el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, permitir el arrendamiento y venta de la tierra para capitalizarla. De esa manera se preparaba el despojo a los ejidos y para convertir su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada.
Con la reforma del artículo 27 constitucional quedó abierta la puerta para la firma y puesta en vigencia del TLC entre los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y nuestro país, el cual cerró el trazado para despojar a nuestro país de sus recursos naturales. Si bien desde antes el sistema jurídico ya permitía que las empresas transnacionales se apropiaran de la riqueza natural del país sin ningún problema, el Tratado de Libre Comercio acabó con aspectos centrales de la soberanía nacional, como la cláusula Calvo, que permitía a los estados someter a las empresas extranjeras a su jurisdicción, medida que fue reforzada con el capítulo 11 del TLC que, bajo el rubro de protección a la inversión extranjera, dejaba a estas fue del alcance jurisdiccional de Estado, y por el contrario, lo obligaban para que en caso de desavenencia, acudiera a dirimir sus derechos en instancias supranacionales como los paneles de negociación comercial y ambiental.
De esa manera se construyeron las nuevas instituciones y las normas jurídicas que darían sustento y legitimidad al nuevo sistema de acumulación basado en el desojo a la nación. Con base en las nuevas disposiciones del artículo 27 constitucional y las disposiciones del TLC, se reformaron o crearon varias leyes enfocadas a crear el entramado institucional y normativo que necesitaban para sustentar el nuevo sistema de acumulación. Entre esas leyes se cuentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin contar los reglamentos de varias de ellas.
Con base en ellas tierras que antes producían alimentos para satisfacer los requerimientos de los mexicanos, han sido adquiridas o arrendadas por los capitalistas para destinarlas a la siembra de productos agrícolas de exportación, impulsar proyectos turísticos, o dedicarlas a proyectos inmobiliarios; los recursos mineros, que antes fueron de los mexicanos, se encuentran en poder de empresas transnacionales, principalmente canadienses; el agua, un elemento indispensable para todo tipo de vida, está yendo a parar a manos de empresas privadas que la convierten en mercancías; los recursos genéticos contenidos en la biodiversidad nacional, así como el conocimiento tradicional asociado a ellos está corriendo la misma suerte. Los campesinos y pueblos indígenas están perdiendo en control de sus tierras y territorios por la vía de creación de Aéreas Naturales Protegidas y los servicios ambientales.
Lo peor es que el gobierno sigue creando condiciones para el saqueo del país. En el Congreso de la Unión está pendiente una reforma constitucional que permita la entrega de las playas a los capitalistas extranjeros, junto con otras a la Ley Agraria para volver más fácil la conversión de las tierras ejidales a propiedad privada. A ellas habrá que sumar la iniciativa de reforma energética y petrolera propuesta por el Presidente de la república y el Partido Acción Nacional, que por la profundidad de los impactos que tendría si se aprueba, representa una segunda etapa de la revolución de los ricos. Para evitarlo es necesario que el pueblo se organice y movilice fuera de los círculos institucionales de poder, porque en esos espacios toda lucha reivindicativa termina en negociaciones que llena los bolsillos de los dirigentes mientras el despojo a los mexicanos y al país sigue adelante.